Demandar a los dos conyuges para reclamar gastos comunes

La situación jurídica de la comunidad postganacial genera la controversia del momento y vía adecuada de reclamación del crédito que deriva en favor de un comunero por haber soportado obligaciones que debieron ser asumidas por mitad. Y el Tribunal Supremo da una respuesta generalizada que no es solutiva para situaciones concretas de postganancialidad.

Con la declaración de separación o divorcio, ope legis se  extingue la sociedad de gananciales. Las cargas gananciales deben ser soportadas por mitad. Sin embargo, puede ocurrir que sea uno quien soporte la totalidad de la carga, generando un crédito ad personam.

Se plantea el momento y vía en el que puede ser reclamado, cuando nada se hubiere pactado en el Convenio Regulador, es decir, si debe postergarse al momento que se realicen las operaciones de división y liquidación de la sociedad de gananciales, o debe ser exigido en procedimiento autónomo, o, por último, si puede ser exigido ad nuntum del acreedor por una vía u otra.

Los pronunciamientos en la materia parten de que el crédito se originará una vez extinguido el régimen económico matrimonial de sociedad de gananciales, con lo que surge un patrimonio separado pendiente de liquidación.

  Emerge, en dicho momento, una comunidad postganancial, sui generis, que se regirá por las normas establecidas para la comunidad ordinaria.

Así, el artículo 393 del Código Civil contempla el pago proporcional de las cargas por parte de cada comunero, equiparado a la comunidad postganancial: las deudas de la masa deberán estar cubiertas por los cónyuges por mitad (SSTS de 17 de febrero de 1992 –EDJ 1992/1445– , 7 de noviembre de 1.997- EDJ 1997/7630 -).  La excepción es que en la sentencia de divorcio se hubiera acordado por las partes o por el juez alguna medida respecto a ellas. 

El partícipe que haya soportado la totalidad de la carga de la comunidad postganancial, por tanto, podrá reclamar la mitad de los gastos que se han ido produciendo y abonado unilateralmente desde la extinción de la sociedad ganancial por efecto legal y hasta el momento de la liquidación de la sociedad postganancial.

  El conflicto surge sobre los criterios del momento y procedimiento en el que la reclamación debe incardinarse.

Avanzamos que nuestra jurisprudencia menor no ha sido pacífica, conviviendo  dos criterios jurisprudenciales  contradictorios y un tercero ecléctico que deja las dos opciones como posibles, en función de la singularidad de la situación fáctica.

La Sentencia de 21 de Diciembre de 2015 dictada en la Sala Pleno del Tribunal Supremo aborda la cuestión jurídica y determina que disuelta la sociedad de gananciales, pero no liquidada aún, debe ventilarse por el procedimiento establecido en el art.

806 de la LEC, en base sustancialmente a la necesidad de ordenar las diferencias entre los cónyuges dentro del proceso declarativo especial, lo que evitará litigios posteriores que puedan acabar perjudicando seriamente el derecho de tutela judicial efectiva del que se encuentre en la posición más débil.

Se apoya igualmente en el principio de indisponibilidad de las  partes sobre la elección del proceso como en la realización específica de ese principio general en el art.

806 de la LEC, que dispone que la liquidación de cualquier régimen económico matrimonial se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges,  en dicho proceso especial, siendo además por principio de legalidad procesal la competencia objetiva del Juzgado de Familia que dictó la sentencia de divorcio.

No obstante, el Alto Tribunal aporta una situación singularizada de cuantía muy elevada [más de 7 millones de euros] y que se sustentaba en el reconocimiento de un derecho de crédito de la sociedad ganancial como consecuencia de la revalorización de un bien privativo de uno de ellos debido al trabajo del otro. Esta situación concreta es la que el Tribunal Supremo considera debe ventilarse dentro del proceso especial por el principio de concentración que permita resolver todas las diferencias entre éstos.

Asimismo, un sector de las Audiencias Provinciales abogan por la procedencia de incluir el crédito en la formación del inventario de la sociedad de gananciales, bajo el principal argumento de que, hasta la liquidación, no se determinará la cuota de cada consorte, no siendo oportuna la reclamación del crédito con anterioridad. Además de que los gastos producidos por los bienes comunes son contra la sociedad de gananciales.  Criterio que sostiene, entre otras, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 8 de marzo de 2011, (EDJ 2011/77677), FJ 3,  al declarar que: “Debe recordarse la doctrina constante del Tribunal Supremo que reconoce la existencia de una comunidad postganancial que opera entre la disolución de la sociedad conyugal y su liquidación definitiva, integrada por los bienes que fueron comunes. Así a partir de la disolución de la sociedad de gananciales las partes mantienen una cuota parte sobre el todo, que hasta la liquidación no se concretará en singulares titularidades que le sean adjudicadas. Por ello es por lo que los gastos inherentes a tales bienes comunes aún no liquidados y sufragados por uno de los cónyuges han de generar un derecho de crédito a su favor que podrá incardinarse dentro del pasivo ganancial al practicar la liquidación”.

Esta sería la postura que el Tribunal Supremo en la sentencia antes dicha de la Sala de Pleno, seguiría.

Otro sector jurisprudencial de las Audiencias, sin embargo, entiende que estamos ante un crédito que nace ex post y quien lo soporta ante el desentendimiento del otro deberá exigirlo de forma autónoma, no siendo factible postergarlo al momento liquidatorio, pues no estamos ante un crédito contra la sociedad ganancial.

Es paradigmática, en este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de 12 de septiembre de 2012 (EDJ 2012/304015) que sobre el argumento de que resulta aplicable las reglas de la comunidad de bienes expresa que:  “… Una vez producida la extinción de la sociedad de gananciales, se da la circunstancia de que existen gastos que son a cargo de ambos litigantes y que pueden haber sido satisfechos por uno solo de ellos, lo que, evidentemente, no da lugar a un crédito contra la sociedad, pues tales gastos son posteriores a su vigencia, sino a favor del que sufragó el gasto, que tendrá por ello la condición de acreedor personal de su ex cónyuge”.

Y, por último, encontramos un criterio que podríamos llamar ecléctico y flexible que contempla la posibilidad de que el ex cónyuge que ha soportado la carga pueda disponer de ambos procedimientos para reclamar la exigibilidad del crédito,  por razones de economía procesal y en atención a las circunstancias del caso en concreto.

En esta línea, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 11 de enero de 2010 (EDJ 2012/17215) considera que “los miembros de dicha comunidad especial, podrán optar por uno u otro procedimiento, para reclamar esos gastos o beneficios clara y directamente derivados de los bienes que integraron la sociedad ganancial.

Máxime teniendo en cuenta que el costoso procedimiento de liquidación de gananciales no siempre es factible por razones económicas, y más con la situación económica actualmente concurrente, subsistiendo una situación de indivisión que puede generar situaciones abusivas por parte de comuneros que ni contribuyen a los gastos, ni, en su caso, comparten beneficios.

Todo ello sin perjuicio de que lógicamente en su día, una vez practicada la liquidación, se concrete en bienes determinados la cuota abstracta de participación.”.

Este criterio, en nuestra opinión, podría ser compatible con la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Diciembre de 2015 comentada, pues pueden haber circunstancias concretas que hagan inaplicables los razonamientos y argumentación que sustentan el fallo.

Pensemos en situaciones de un único activo ganancial, con un pasivo soportado por uno de los cónyuges y que dicho activo haya sido declarado ganancial una vez disuelta y liquidado y adjudicado el  patrimonio consorcial por vía del procedimiento especial, estaremos de acuerdo, que todos los argumentos de concentración y respuesta liquidatoria ordenada no serían aplicables, mucho menos la protección al más débil.

Estudios jurídicos en Derecho de Familia. Domingo Monforte Abogados.

Dirección: José Domingo Monforte.

Colaboración: Natalia Iglesias Pérez.

Demandar a los dos conyuges para reclamar gastos comunes 

Reclamaciones de gastos de comunidad en casos de bienes en proindiviso. ¿Se demanda a todos o solo al representante?¿Y en los matrimonios o parejas de hecho?

La cuestión a examinar es si cuando existe una copropiedad sobre e…

La cuestión a examinar es si cuando existe una copropiedad sobre el bien o local, la responsabilidad de dichos copropietarios frente a la comunidad de propietarios es mancomunada, debiendo dirigirse la demanda contrato todos y cada uno de los copropietarios, en proporción a su cuota en la copropiedad para el cobro de las deudas, o por el contrario dicha responsabilidad es solidaria entre los copropietarios frente a la comunidad de propietarios, pudiendo dirigirse contra cualquier de los copropietarios para obtener el cobro de sus créditos la Comunidad de Propietarios .

Dos son los criterios que se mantienen en los pronunciamientos de las Audiencias provinciales, resoluciones que entienden que la deuda tiene carácter mancomunado y por lo tanto la demanda debe dirigirse contra todos los copropietarios, SAP Barcelona, sec. 11ª, S 11 de junio de 1998.

Por el contrario el criterio mayoritario de las Audiencias provinciales es entender que la responsabilidad de los copropietarios de la vivienda o local es solidaria frente a la Comunidad de Propietarios, pudiendo dirigirse la demandada contra cualquiera de ellos, así la SAP de Madrid secc.

18 de fecha 15 de febrero de 2010, ha venido a establecer -La obligación legal de contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización, se ha configurado por la jurisprudencia como solidaria, ya que ésta, en términos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 julio 1990 presupone una identidad de la causa común obligacional, es decir, la unidad de la prestación hace a la misma indivisible, sin posibilidad de fraccionar el crédito o la deuda, de forma que se debe la totalidad o se es acreedor del todo. Presupuestos de solidaridad que concurren en la obligación aquí cuestionada, cuyo origen y concreción se encuentra en los art. 5 párrafo 2º, 9,5 y 14 párrafo 2 LPH, la cual deriva del hecho mismo de que la contribución se determine con arreglo a la cuota de participación fijada en el título, que impide se divida cuando son varios los propietarios en tantas partes como estos sean, convirtiendo en divisible la obligación que por su origen y naturaleza es indivisible, sin perjuicio del fraccionamiento que imponga luego en el ámbito interno la relación de condominio a los fines de repercusión de lo pagado por un copropietario a un tercero en cumplimiento de sus obligaciones externas. Así pues, aunque no exista un pacto expreso, la unidad de la prestación y, en definitiva, la identidad del objeto, cual es la satisfacción del único acreedor, que incluso exige la designación de un representante -art. 15, párrafo 2º-, hace surgir el carácter solidario de la obligación, sin perjuicio, como se ha dicho, de la ulterior división interna de la prestación satisfecha con arreglo a las respectivas partes en el derecho compartido-.

Sobre esta cuestión, la regla general que impone el Código civil respecto a la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones, cuando exista una pluralidad de deudores por una deuda en el artículo 1137, es de la mancomunidad y no de la solidaridad, si bien la moderna doctrina científica y jurisprudencial ha venido entendiendo al interpretar el artículo 1137 CC, que la solidaridad de deudores no exige pacto expreso en todo caso, pues lo esencial es la unidad de fin de la prestación por existir entre los diversos deudores una identidad de objetivo, cual es la satisfacción del acreedor, perfectamente compatible con la posibilidad de división interna de la parte de las respectivas obligaciones.

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Teniendo en cuenta que los créditos a favor de la Comunidad de propietarios tiene un origen legal, pues dicha obligación de pago surge de la obligación que impone el artículo 9,e LPH a todos los copropietarios de una vivienda sujeta al régimen de propiedad horizontal, que la propia ley en su artículo 14 exige que en los supuestos de copropiedad o condominio la necesidad de que se nombre un representante, que la deuda surge en virtud de la cuota establecida en el título constitutivo, cuota que es indivisible respecto a cada vivienda o local, que se determina de forma unitaria, con independencia de que la vivienda o local pertenezca a uno o varios copropietarios, todos estos elementos deben llevar a la conclusión que la responsabilidad frente a la Comunidad de propietarios debe ser única, con independencia de que sea uno varios los deudores, y por lo tanto la responsabilidad debe ser de carácter solidario.

En los supuestos en los que exista una situación de hecho análoga al matrimonio, o una copropiedad sobre el piso lo local no es necesario que se dirija la demanda contra todos los copropietarios, ni tampoco que se dirija de forma necesaria contra el copropietario que haya sido designado como representante en virtud del artículo 15.2 LPH.

Ahora bien una cuestión es que la responsabilidad de los distintos copropietarios de la vivienda o local sea solidaria frente a la Comunidad de Propietarios, y otra cosa es que la condena a cualquiera de ellos se extienda al resto, en la medida que la Comunidad de propietarios podrá demandar a todos o alguno de ellos pero la sentencia solo se podrá ejecutar contra el propietario o copropietario contra el que se haya dirigido la demanda, sin perjuicio del derecho del copropietario que haya pagado toda la deuda de reclamar al resto de los copropietarios la cuota correspondiente. Y sin perjuicio de la afección real del inmueble y la preferencia de dicho crédito que establece el artículo 9.e de la ley de propiedad horizontal de los créditos a favor de la Comunidad de Propietarios.

El Supremo clarifica quién debe pagar los gastos de comunidad de la vivienda tras el divorcio

El Tribunal Supremo ha resuelto recientemente un caso que suele ser común tras un divorcio.

Es el relativo al pago de los gastos de comunidad de propietarios por el cónyuge al que se atribuye el uso de la vivienda familiar, aunque el inmueble no sea de su propiedad, sino del otro cónyuge.

El Alto Tribunal estima que el ocupante del piso deberá asumir el pago en exclusiva de los gastos comunes, pese a no ser titular de la vivienda, si así lo establece el Juzgado de Familia.

En el caso resuelto, el cónyuge propietario del piso interpuso una demanda contra su exmujer reclamando el pago de los gastos de comunidad y de la tasa de basura, ya que la sentencia de divorcio determinó que la exmujer se quedaba el uso de la vivienda familiar.

La demanda fue estimada por el juzgado de instancia y condenó a la excónyuge al pago de los gastos de comunidad y la tasa de basura, por considerar, según criterio jurisprudencial reiterado, que quien debe asumir el pago en exclusiva de los gastos comunes es el ocupante del piso, ya que es quien se beneficie del uso de la casa.

Posteriormente, la Audiencia Provincial confirmó dicho criterio, tras desestimar el recurso de apelación interpuesto por la esposa demandada.

Finalmente, el Supremo reconoce también dicha doctrina en varias sentenciadas dictadas en un procedimiento de divorcio en caso de que el juzgado de familia establezca la obligación de pagar dichos gastos.

Aunque en este caso enjuiciado, el juzgado de familia no hizo ningún pronunciamiento, por lo que el alto tribunal considera que no existe obligación a que la exmujer pague los gastos de comunidad.

Así, estima en parte el recurso interpuesto por la esposa, a la que condena sólo al pago de la tasa de basuras, tal y como recuerda Salvador Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico.

Quién debe pagar las cargas, impuestos y gastos de la vivienda familiar en caso de divorcio

En muchas ocasiones, tras un divorcio la casa familiar sigue arrastrando una hipoteca que pagar. Será el titular del préstamo el que deberá seguir pagando, aunque la vivienda sea privativa y el uso y disfrute se atribuya al cónyuge no titular.

La cuestión se puede complicar, si la vivienda fue adquirida por uno de los excónyuges antes de contraer matrimonio, pero el Juez dictamina que sea la exmujer y el hijo de ambos los que usen la casa.

 En este caso, el Supremo también establece que debe ser el excónyuge titular de la hipoteca el que debe pagar la cuota mensual, ya que es el único prestatario por lo que habrá de ser él quien quede obligado.

En cuanto al pago del Impuesto sobre bienes Inmuebles (IBI), debe pagarlo el propietario del inmueble, y no quien lo use. El Supremo señala que el pago del IBI es una obligación “propter rem” derivada de la titularidad del bien que corresponde satisfacer al propietario, con independencia de que no pueda hacer uso de la misma al haberse atribuido al excónyuge e hijos.

En definitiva, el pago de los gastos e impuestos que corresponden a la vivienda familiar deben sufragarse exclusivamente por su propietario, tal y como recuerda Salvador Salcedo.

A quién se atribuye el uso de la vivienda tras un divorcio

“Lo deseable es que tras la ruptura matrimonial los cónyuges puedan alcanzar acuerdos. Y que la atribución del uso de la vivienda familiar sea consensuada, aunque no siempre es posible.

En defecto de acuerdo, el uso de la vivienda se atribuirá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, según establece el artículo 96.

1 del Código Civil, con independencia de que dicho cónyuge sea o no propietario del inmueble”, señala Salcedo.

En caso de custodia compartida, el Tribunal Supremo ve posible atribuir el uso y disfrute de la vivienda al progenitor que tenga más dificultad de acceso a una casa. Pero también estima que, si la situación económica del progenitor le permite tener una vivienda adecuada, entonces no procede disfrutar del uso de la vivienda conyugal indefinidamente.

De hecho, en el caso resuelto recientemente, el Alto Tribunal considera que otorgar el uso de la vivienda a la madre de manera indefinida no es acorde a Derecho.

Y para el Supremo una atribución indefinida es permitir a la madre que viva en la casa conyugal hasta la mayoría de edad del hijo.

“Además, señala el Tribunal, sus ingresos y lo que pueda percibir al liquidar la vivienda común le permitirán acceder a una vivienda propia”, indica Salcedo.

Por ello, el Supremo considera en este caso que procede una atribución temporal del derecho de uso de la vivienda de un año desde la fecha de la sentencia. Así, permite tiempo suficiente para que el progenitor pueda abandonar la vivienda en común y buscar otra para uso propio.

Uno de los excónyuges se queda con la vivienda

Si uno de los dos se queda con la vivienda, tiene que compensar al otro en metálico o asumiendo la carga hipotecaria. De cara a la declaración de la renta, en estos casos no se tributará en el IRPF. Y ello, aunque se haya actualizado el valor del inmueble al adjudicárselo al otro ex cónyuge.

En este punto, José María Salcedo, otro socio del despacho Ático Jurídico, recuerda que ya son varios los Tribunales que se oponen a que la adjudicación a uno de los excónyuges tribute en el IRPF, aunque se actualicen valores. Es un tema, no obstante, que tendrá que acabar decidiendo el Tribunal Supremo.

Según la Ley del IRPF, no existe alteración en la composición del patrimonio en caso de disolución del régimen de gananciales.

Y tampoco existe ni ganancia ni pérdida patrimonial en el caso de extinción del régimen de separación de bienes cuando se produzcan compensaciones o adjudicaciones de bienes.

 Y ello, siempre que no se produzca un exceso de adjudicación. Es decir, que uno de los dos reciba más de lo que tenía. 

Por otro lado, si la persona que se queda con la vivienda habitual decide venderla en un futuro, no siempre podrá aplicarse la exención por reinversión en vivienda habitual en el IRPF.

Porque Hacienda considera que el requisito de que el inmueble sea la vivienda habitual del contribuyente (que viva en ella al menos durante tres años) hay que analizarlo por separado respecto a cada mitad del inmueble.

 Por ello, para tener derecho a la exención por reinversión respecto a la mitad que pertenecía a su ex pareja, tendrá que vivir allí tres años.

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Ambas personas logran vender la vivienda

Si los excónyuges consiguen vender la vivienda, cada uno obtendrá una ganancia o pérdida patrimonial en el IRPF, que se valorará por la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta del inmueble. Y tributarán en función de la proporción en la que sean propietarios. Tributarán a tipo fijo al 19% por los primeros 6.000 euros de ganancia; al 21% (de 6.000 a 50.000 euros) y al 23% (más de 50.000 euros).

En caso de que registren pérdidas, también hay que declararlas y podrán compensarse con los saldos positivos obtenidos en la propia declaración de la renta.

Si luego el dinero obtenido lo reinvierten en otra vivienda habitual, podrán aplicarse la exención por reinversión en vivienda habitual.

Pero ojo, porque desde Ático Jurídico advierten de que, si el uso de la vivienda se atribuyó inicialmente a uno de los ex cónyuges, y han pasado más de dos años desde que el otro dejó de vivir allí, Hacienda negará a este último la exención por reinversión. Y ello, porque considera que, para él, la vivienda ya no es la habitual.

¿Quién Paga la Comunidad tras el Divorcio?

Suele surgir la duda tras un divorcio o previo al divorcio es quién paga la comunidad, si el cónyuge al que se le otorga el uso de la vivienda es el único que debe de asumir el abono de las cuotas ordinarias y extraordinarias o si por el contrario, son ambos ex-cónyuges quienes deben de asumir esta pago por mitades.

A quién le corresponde el pago de la comunidad tras el divorcio y uso de la vivienda por uno de los cónyuges

En los divorcios de mutuo acuerdo,  hay posibilidades de llegar a un acuerdo entre ambos cónyuges, se puede llegar a un acuerdo del pago al 50% por parte de cada uno, o que el que se quede viviendo en la casa pague el 100% de la cuota de la comunidad de propietarios.

El problema surge en los divorcios contenciosos, pueden ambos cónyuges acordar que el abono sea al 50%, en cuyo caso será vinculante y de obligado cumplimiento.

También, puede darse el caso de que no exista acuerdo entra los cónyuges para el abono de los gastos ordinarios y extraordinarios de la Comunidad de Propietarios, siendo el Juez quién puede decidir en las medidas que acordará con el divorcio que el cónyuge a quien se le atribuye el uso de la vivienda sea quien abone en su totalidad el importe de los gastos comunes.

➤  Computo de Votos en las Comunidades de Propietarios

Sin embargo, si no se ha establecido nada en por parte de los letrados en su demanda o contestación a la demanda y, por lo tanto, nada se incluye en la sentencia, se entenderá que el gasto será al 50% cada uno de los cónyuges.

¿Son vinculantes para la Comunidad de Propietarios los acuerdos alcanzados en la sentencia de divorcio?

En caso de impago de los gastos ordinarios y extraordinarios de la Comunidad de Propietarios, ésta puede iniciar un procedimiento judicial para la reclamación de dichas cuotas.

Esta reclamación se dirigirá frente a los propietarios inscritos en el Registro de la Propiedad; sin que ninguno de los propietarios pueda oponerse a dicha reclamación; alegando que el otro cónyuge es quién debe de asumir el pago, según lo establecido en la sentencia de divorcio, porque el abono de las cuotas corresponde a los propietarios según lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Lo que sí puede accionar posteriormente el cónyuge que no sea quién deba de abonar los gastos ordinarios y extraordinarios; – siempre y cuando se hubiese pactado que será uno de los cónyuges quién deba de hacerse cargos de dichos gastos- es la acción de repetición frente a quién debería de abonar dichos gastos para reclamar su parte.

¿Qué ocurre antes y después de la liquidación de gananciales?

Tras la disolución del vínculo matrimonia; los cónyuges cuyo régimen económico matrimonial sea el de sociedad de gananciales tendrán que proceder a la liquidación del mismo. Pero entre el divorcio y la liquidación de la sociedad de gananciales; existe lo que se llama la comunidad postganancial.

➤  Responsabilidades del Presidente de la Comunidad

En caso de que se le atribuyan los gastos a un solo cónyuge, el que ha adelantado el importe de dichos gastos,  se le reconocerá un derecho de crédito a su favor; entrando en el pasivo de la sociedad de gananciales a la hora de liquidar.

En conclusión, hay que hacer una distinción clara entre los gastos que se dan por el uso de la vivienda y los gastos sobre la propiedad como tal:

  • Los gastos del uso del inmueble (luz, gas, etc) que siempre deben ser abonados por quien tenga el uso y disfrute de la vivienda (si los hijos también están disfrutando de la vivienda, podría aumentarse entonces la pensión de alimentos por este motivo).
  • Los gastos sobre la propiedad (los señalados anteriormente; como pueden ser los gastos comunidad de propietarios, IBI, derramas extraordinarias, etc) estarán a cargo del propietario/s de la vivienda – salvo pacto en contrario-, con independencia de que puedan ser adelantados por el que disfruta de la misma.

En Mosquera & Vicente Abogados estaremos encantados de estudiar su caso y poder ofrecerte una solución personalizada adecuada a sus necesidades, ofreciendo nuestros servicios en toda España.

Guillermo Mosquera Vicente, colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña y socio fundador de Mosquera & Vicente abogados.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE RECLAMACIÓN DE GASTOS DE HIPOTECA

Como bien explicamos en el
anterior post de este blog, a la hora de comprar una vivienda se suelen firmar
dos escrituras, de las cuales se derivan una serie de gastos que se repiten en
ambas y que, principalmente son: gastos de Notaría, Registro de la Propiedad,
Gestoría, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, además de la tasación.

Estas escrituras son la de
compraventa y la del préstamo hipotecario. Sin embargo, los gastos que podemos
reclamar al Banco son únicamente los relativos a la segunda, puesto que la
anterior es ajena al mismo.

  • ¿Se pueden reclamar
    la totalidad de los gastos de hipoteca?
  • La respuesta a esta pregunta ya
    la ha fijado el Tribunal Supremo, estableciendo que tan solo podrán
    reclamarse los gastos de tres de las partidas: notaría, gestoría y Registro de
    la Propiedad,
    y la tasación sólo en aquellos supuestos en los que el banco
    hubiera rechazado una tasación previa a la solicitud del préstamo, obligando a
    los prestatarios a efectuar una nueva.
  • Además, no podrán reclamarse la totalidad
    de las cantidades, sino que establece un reparto de gastos de la
    siguiente manera:
  • Notaría: mitad cliente, mitad banco
  • Gestoría: mitad cliente, mitad banco
  • Registro de la Propiedad: banco
  1. ¿Quiénes pueden reclamar los gastos
    de hipoteca?
  2. A pesar de que poco a poco
    comienzan a abrirse las puertas a las reclamaciones de gastos derivados de
    préstamos destinados a la actividad empresarial, en la actualidad, el Tribunal
    Supremo sólo ha sentado jurisprudencia sobre la abusividad de las cláusulas en
    préstamos concertados con sujetos en su calidad de consumidores.
  3. Si bien, hay que tener en cuenta
    que habrá que estudiar el caso concreto para saber si en un préstamo destinado
    a la actividad empresarial serán reclamables dichos gastos hipotecarios.
  4. ¿Tienen
    que reclamar todas las personas que aparecen en el préstamo?

La respuesta a esta pregunta es NO, no es necesario que todas las
personas que aparecen en la escritura de préstamo entablen la demanda judicial
, pues tal y
como establece el Código Civil en su artículo 1385: “
Los derechos de crédito, cualquiera que sea su
naturaleza, serán ejercitados por aquel de los cónyuges a cuyo nombre aparezcan
constituidos. Cualquiera de los cónyuges podrá ejercitar la defensa de
los bienes y derechos comunes por vía de acción o de excepción.”

Si
bien, en muchas ocasiones, los Bancos intentan alegar la falta de legitimación
por ser entablada la demanda por un solo cónyuge. Por ello, y para evitar esta
posible dilatación del procedimiento por parte del Banco, desde nuestro
despacho sugerimos a que, en la medida de lo posible, sean ambas partes las que
reclamen los gastos de hipoteca.

¿Qué
ocurre si me he separado y en el préstamo constamos los dos?

Es habitual que a nuestro
Despacho lleguen clientes con una escritura de préstamo en la que figuran como
prestatarios junto a su ex pareja. En estos casos, habrá que asegurarse primero
que la otra parte no ha decidido reclamar por su cuenta los citados gastos.

  • Una vez tenido en cuenta esto,
    nuestra manera de proceder será asegurarnos de que, o la otra parte no va a
    proceder a presentar la demanda sobre el mismo asunto y así que sea reclamado
    solo por una de las partes o, que nos autorice junto a su ex pareja para
    poderles llevar conjuntamente la reclamación, ya que estos gastos fueron
    asumidos por ambas partes y, de esta manera, tal y como explicamos más arriba, el
    banco no podrá tener argumentos para dilatar el procedimiento por falta de
    legitimación al no constar una de las partes prestatarias en la demanda.
  • ¿Se puede reclamar si la hipoteca está cancelada o ha sido novada?
  • Tanto si tu hipoteca está en
    vigor, como si ya ha sido cancelada o incluso se ha vendido el inmueble sobre el
    que recaía la hipoteca se pueden reclamar los gastos derivados de la
    constitución de la misma.
  • De igual manera, se podrán
    reclamar los gastos en aquellos casos en los que haya habido novaciones sobre
    el préstamo hipotecario inicial, como por ejemplo lo es una ampliación de
    capital del mismo.
  • ¿Qué ocurre si ya no existe mi Banco o se ha fusionado o ha sido
    absorbido por otro?

En los últimos
años hemos vivido una reestructuración del sector bancario que, por ende, ha
afectado a miles de clientes. Si bien, esto no debería suponer un problema,
pues el banco resultante tras la fusión o la absorción deberá asumir
los derechos y obligaciones que ya ostentaban los anteriores.

  1. Por lo
    tanto, si tenemos un préstamo o una hipoteca contratado con nuestro banco y
    éste se fusiona con otro, o es absorbido por otro, podremos reclamar al banco
    resultante tras la fusión o absorción.
  2. ¿Qué plazo tengo para reclamar los gastos de constitución de hipoteca?
  3. Respecto a este punto hay que
    tener en cuenta que cuando se reclaman los gastos de hipoteca, se reclaman en
    base a la nulidad de la cláusula en la que se imputan indiscriminadamente todos
    los gastos al prestatario, por ser esta abusiva.
  4. La nulidad de la cláusula que
    es abusiva,
    como estas de gastos a las que nos referimos, es
    imprescriptible,
    es decir, se puede solicitar hayan pasado los años que
    hayan pasado, pues no pierde validez por el transcurso de los años la
    declaración de dicha abusividad.
  5. Por lo tanto, siempre podrá
    ser reclamada la nulidad de dicha cláusula
    aunque haya transcurrido un
    largo periodo de tiempo desde la formalización del préstamo hipotecario.
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Las «sorpresas» del régimen de separación de bienes: la compensación por trabajo doméstico

Siempre que explico a mis alumnos el régimen de separación de bienes, les digo que genera una “aparente” tranquilidad que parece estar justificada. Cada cónyuge conserva su propio patrimonio y lo gestiona con total autonomía.

Parece un régimen pensado para parejas en las que ambos desarrollan su propia actividad profesional o, como sucede frecuentemente, en casos en los que uno de ellos realiza una actividad patrimonialmente arriesgada y con este régimen pretende salvaguardar la integridad del patrimonio del otro de forma que no se vea afectado por las deudas que haya asumido en su actividad profesional o empresarial.

Desde luego en un régimen de separación de bienes no hay un patrimonio común (a diferencia de lo que sucede en el de gananciales), aunque sí puede haber bienes comunes, ya sea porque los adquieren ambos cónyuges o porque ninguno puede probar su titularidad, en cuyo caso se presume que son de los dos (art. 1441 CC), sin que la procedencia del dinero pueda romper esta presunción, sino tan solo la prueba de quién lo adquirió.

Llamativa es la norma contenida en el art. 78 de la Ley Concursal, que presume que el cónyuge concursado donó a su cónyuge el dinero utilizado para que éste adquiriera onerosamente bienes durante el año anterior a la declaración de concurso.

Tal donación presunta podrá ser rescindida y el cónyuge del concursado deberá reintegrar la mitad del importe a la masa del concurso.

Si no guardamos papeles se complica la prueba en contrario y la broma puede salirle cara al cónyuge del concursado.

Pero estas no son las únicas sorpresas ¿Qué le parecería si disuelto el régimen de separación de bienes se encontrara con que su cónyuge le reclama 530.000 euros en concepto de compensación por trabajo doméstico y además la cantidad de 1.500 euros al mes en pago de la pensión compensatoria? ¿A qué viene tanta “compensación”?

A lo mejor pensarán que es un “órdago” de su cónyuge y que ningún juez se lo va a conceder en el marco del régimen de separación de bienes. Pues se equivocan. El art. 1438 del Código Civil y la generosa interpretación que del mismo ha hecho el Tribunal Supremo, lo permite. Y estas cantidades son las que se manejaron en la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2015.

Efectivamente, el art. 1438 CC dice que “el trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación”.

Es decir, que si un cónyuge se asume la dirección de la vida familiar, realizando por sí las tareas domésticas o llevando a cabo su dirección (en el caso de que cuente con la ayuda de un tercero), tiene derecho a una compensación.

Para ello se exige que la dedicación a las tareas domésticas sea “exclusiva”, habiéndola rechazado el TS cuando además de realizarlas, también el cónyuge desempeña un trabajo fuera del hogar.

Vamos que el cónyuge que hace “doblete” no se le compensa de ninguna manera, algo que supone un estímulo positivo a no trabajar fuera del hogar, ya que si se dedica solo al trabajo doméstico puede pedir compensación y si hace todo el trabajo doméstico y además trabaja fuera del hogar, no tiene derecho a nada. Sencillamente alucinante la interpretación que hace el TS de esta norma.

Tampoco esta compensación está excluida cuando el otro cónyuge colabora de manera ocasional en las tareas (como le obliga, por cierto, el art. 68 CC) o hay ayuda externa, lo cual afectará a la cuantía de la compensación pero no al derecho mismo

Además este derecho a compensación existe al margen de la entidad del patrimonio del cónyuge acreedor y de que se encuentre o no en situación de necesidad. Es el caso resuelto en la STS de 25 de noviembre de 2015: la esposa, multimillonaria, reclama a su cónyuge la cantidad de 733.

056 euros por compensación de trabajo doméstico, a pesar de que contaba con ayuda externa e incluso chófer… Como dice el TS “la norma no discrimina entre el mayor o menor patrimonio de los cónyuges. Si la demandante hubiera realizado algún trabajo fuera del hogar no tendría derecho a “nada”.

Efectivamente, la norma no discrimina y parece que el sentido común del juzgador tampoco pues en este caso se toma como criterio de valoración el beneficio obtenido por el marido por la realización de actividades profesionales o empresariales.

Beneficios que probablemente han permitido a la esposa acreedora llevar un potente nivel de vida…

Pero es que curiosamente, tras la STS de 14 de julio de 2011 ( sentencia de unificación de doctrina) para que sea exigible esta compensación no se requiere que el otro cónyuge se haya enriquecido o haya tenido un incremento patrimonial.

Si esto es así, el fundamento de la compensación no puede entenderse que sea la pérdida de oportunidades laborales y profesionales o la necesidad de que el cónyuge participe en alguna medida en las ganancias del otro cónyuge que han sido mayores dada su mayor dedicación a su actividad profesional.

Y ello porque, según el TS, aunque el otro cónyuge no se haya enriquecido, también procede la compensación. Puede, por tanto, suceder que el cónyuge que trabaja fuera de casa haya invertido todos sus recursos en atender todos los gastos del matrimonio y además tenga que abonar esta compensación a pesar de que no se haya producido un incremento patrimonial.

Esta interpretación es, a mi juicio, errónea. Debe exigirse un enriquecimiento patrimonial del cónyuge deudor tal y como se establece expresamente en el art. 232.5 del CC de Cataluña.

Pero esto no es todo ¿cómo se valora esa dedicación al trabajo doméstico? No dice nada el CC y se han manejado varios criterios, tal y como resume la STS de 25 de noviembre de 2015: el equivalente al salario mínimo interprofesional o la equiparación del trabajo con el sueldo que cobraría por llevarlo a cabo una tercera persona de modo que se contribuye con lo que se deja de desembolsar o se ahorra por la falta de necesidad de contratar este servicio. De esta forma, dice el TS, que se compensa el que “uno de los cónyuges sacrifica su capacidad laboral o profesional a favor del otro, sin generar ingresos propios ni participar en los del otro”. Pero si este es el fundamento, parece que debe producirse enriquecimiento en el otro cónyuge, cosa que, como he dicho, el TS también niega.

La norma es absolutamente criticable y también lo es la interpretación que de la misma ha hecho el Tribunal Supremo. No hay que olvidar que si algo se señala en el art.

1438 CC es que el trabajo doméstico será computado como contribución a las cargas del matrimonio que debe ser proporcional a los ingresos (no igual).

La interpretación que mantiene el TS implica que el cónyuge que no trabaja fuera del hogar realmente no contribuye al abono de los gastos familiares si se le compensa totalmente teniendo en cuenta el sueldo que cobraría por llevarlo a cabo otra persona.

Se puede producir, a mi juicio, una situación de enriquecimiento del cónyuge acreedor cuando obtiene una compensación y el otro cónyuge ha invertido todos los ingresos obtenidos en atender los gastos familiares y no se ha enriquecido a costa de la dedicación del otro al hogar.

Por otro lado, si un cónyuge asume todas las tareas domésticas y además trabaja fuera del hogar, contribuye “el doble” al sostenimiento de las cargas familiares: aportando ingresos y además con la contribución en especie que supone el trabajo doméstico.

En suma, la interpretación que el TS está haciendo de la compensación por trabajo doméstico supone de facto introducir rasgos propios del régimen de comunidad en un régimen de separación de bienes que, en el caso de los territorios donde rige el Código Civil, es escogido voluntariamente por los cónyuges.

No niego que deba compensarse el trabajo doméstico, pero no de la forma en que se está haciendo por el TS. Sólo debería haber derecho a la compensación cuando la valoración del trabajo para la casa por parte de un cónyuge supere la contribución realizada por el otro, de acuerdo con el criterio de la proporcionalidad y de los recursos económicos.

Si ambos han contribuido proporcionalmente a sus recursos económicos, teniendo en cuenta que el trabajo para la casa es uno de ellos, entonces no se genera, a mi juicio, el derecho a la compensación. De lo contrario, se produce un solapamiento de remedios, en tanto que una actividad sería “remunerada” dos veces.

La decisión de no realizar una actividad profesional y la de pactar un régimen de separación de bienes es libre y hay otros regímenes que pueden suplir los inconvenientes de la separación absoluta, como es el caso del régimen de participación en las ganancias.

Lo que no cabe es asumir libremente esa decisión y luego obtener una doble ventaja, ya que se computa como contribución a las cargas del matrimonio y además se compensa y, sobre todo, al margen de que haya habido “ganancia” por parte del cónyuge deudor.

  • Además, no hay que olvidar que también existe la denominada “pensión compensatoria” en caso de separación y divorcio, con la que es compatible, siendo uno de los criterios para su fijación, la “dedicación pasada y futura a la familia”. La pérdida de oportunidades laborables, ya se cubre con la pensión compensatoria…
  • En resumidas cuentas, casados en separación de bienes y si voluntariamente uno de los cónyuges decide ocuparse en exclusiva de las tareas domésticas, aunque tenga ayuda de un tercero y aunque el otro cónyuge no se haya enriquecido por consecuencia de tal dedicación, podrá reclamar esta compensación.
  • Desde luego, las cifras que se manejan en estas “compensaciones” no son escasas y la broma puede ser muy pesada para aquel que pensaba que su régimen económico era muy sencillito y que no le daría problemas. Pues bien, esto no es verdad…